Al ser la educación un derecho, corresponde a los gobiernos garantizar su plena realización. No obstante, no puede esperarse que sean ellos solos quienes resuelvan y dispongan la totalidad de las condiciones. Las familias, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias de cooperación, las empresas y sus fundaciones también tienen responsabilidades, roles y recursos que aportar, movilizar y disponer en función de la consolidación de mejores oportunidades de educación de calidad para niños, niñas y jóvenes.
La reconocida capacidad del sector empresarial para innovar; usar de forma efectiva y eficiente los recursos humanos, técnicos y financieros; implementar ideas y ejecutar proyectos en forma ágil y eficaz, representa un activo muy importante para los sistemas educativos. La incorporación de nuevas ideas y formas de gestión resulta fundamental en un sector que no es fácilmente permeable a los cambios.
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